La Unidad de Investigación Financiera (UIF) no exhibió el oficio mediante el cual la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) solicitó el apoyo de autoridades mexicanas para investigar a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y congelar seis cuentas bancarias que concentraban 151 millones de dólares.
Dicha omisión se sumó a las jurisprudencias que sentó, ahora preso en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora sobre la retención de dinero vinculado con el delito de delincuencia organizada permitió la liberación de las seis cuentas bancarias conforme al fallo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito.
Sin embargo, la determinación de liberar los 151 millones de dólares de la universidad hidalguense no representa el final de la investigación de la DEA.
Este no ha sido el único momento de presunción sobre acciones ilegales al interior de la UAEH pero tampoco es el único sector político en Hidalgo que ha sido mencionado.
La historia de Gerardo Sosa Castelán en la UAEH data de la década de los 70´s durante los gobiernos priisas de la dinastía Rojo y, con la protección del Director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez.
Fue en 1975 cuando Sosa Castelán asumió la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH). En el libro de La Sosa Nostra, el autor narra como la federación de estudiantes pasó de cometer algunas “tropelías estudiantiles habían estado significadas por las madrizas en bola o por el uso de chacos y navajas” a la cercanía con Zorrilla Pérez y, entonces, imitar el comportamiento de los “agentes con charola (también de los narcos) de aquellos tiempos” exhibiéndose con automóviles de lujo, camionetas de importación, vehículos sin placas, uso de gruesas esclavas y cadenas de oro, armas, estéreos a todo volumen, pleitos, cuentas sin pagar, organizar arrancones, violaciones y, otras vejaciones.
Entre los episodios que narra Alfredo Rivera Flores destaca el vínculo Zorrilla-Sosa estuvo presente durante la quema del palacio municipal de Tulancingo, hecho sobre el que se giró una ficha informativa a la Secretaría de Gobernación que señala “dectetaron como colaboradores de Zenaido (Meneses) en los hechos violentos a Fernando Delgadillo Anaya y a Marco Antonio Ortega Olvera, ex agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad durante la época de Zorrilla Pérez”.
En la misma investigación de Rivera Flores dice “el tono belicoso de Gerardo Sosa, expresado en la voz de su hermano, cambió radicalmente un poco después, pues el 13 de junio de 1989 fue aprehendido en una de sus residencias, ubicada en el Paseo de la Reforma de la ciudad de México, José Antonio Zorrilla Pérez, el exdirector de la Federal de Seguridad, acusado del asesinato del periodista Manuel Buendía. Ese día culminaba la caída política del fuera un poderoso policía y padrino del grupo hidalguense La Sosa Nostra”.
Sobre Zorrilla Pérez existen diversos artículos e investigaciones que lo vinculan directamente con el narcotráfico, sector del cuál recibía dinero a cambio de protección. Ha sido relacionado con Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, además fue encarcelado por el homicidio del columnista Manuel Buendía y liberado en el año 2013 (igual que Caro Quintero).
Un par de años después, Sosa Castelán se integró a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que le permitió colocar a sus cercanos colaboradores en curules federales y locales.
Con información de Vector Hidalgo.
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